OALICIÓN CIUDADANA POR LA EDUCACIÓN
Noviembre 20, 2010
Exposición de motivos
Somos un grupo de personas y organizaciones civiles convencidas que la educación es un derecho social esencial y un bien público primordial para el crecimiento económico del país, para la democracia, para la justicia y la seguridad ciudadana.
La Coalición Ciudadana por la Educación surge para promover una gran movilización nacional, ciudadana, plural y apartidista para enfrentar el arreglo político corporativo que está afectando de raíz al sistema educativo.
Concordamos con todas las voces que exigen la transformación de la calidad de la educación colocando a las escuelas y las aulas en el centro. Para lograr esa transformación es imprescindible romper el arreglo político que obstaculiza la mejora de la educación en aspectos clave como el ingreso, la capacitación y la promoción de supervisores y directores así como los incentivos y apoyos para lograr que los mejores maestros y maestras enseñen en las escuelas públicas[1].
La movilización no tiene un sentido antisindical y en cambio, promueve el respeto a los derechos laborales de las trabajadoras y trabajadores de la educación, incluyendo su asociación y representación sindical.
La movilización busca el cambio de las reglas escritas y no escritas del sistema educativo que sustentan el acuerdo corporativo y que han creado la simbiosis atípica entre sindicato y autoridades[2] que permite i) la intromisión indebida de la dirigencia sindical en la política educativa, ii) la omisión de las autoridades en su función constitucional como garantes del derecho a la educación y iii) la exclusión de la ciudadanía y en particular, de los maestros y maestras, de los padres y madres de familia y de los y las estudiantes, de la gestión y la rendición de cuentas sobre la educación.
El arreglo corporativo tiene graves consecuencias:
Las autoridades educativas violan el derecho a una educación de calidad cuando cada año empeora el desempeño de millones de estudiantes e incumplen su responsabilidad constitucional al permitir que la dirigencia sindical ejerza en los hechos el poder de veto y se entrometa en las decisiones educativas.
El poder de la dirigencia sindical distorsiona el ingreso y el desarrollo profesional de las y los docentes y las decisiones del sistema educativo. Este poder se ha incrementado con el tiempo y se ha agravado con la alternancia política, que eliminó el único contrapeso aceptado hasta entonces en la figura del Presidente. La intromisión de la cúpula del SNTE en los estados llega al grado de nombrar a más de una veintena de Secretarios de Educación. La diversificación de los intereses de la cúpula sindical hacia otras entidades como la Lotería Nacional, el ISSSTE, el FOVISSSTE y otros negocios poco claros, así como la creación de un partido político y de una fuerza de operación político electoral, distorsionan aún más la función del SNTE en la educación y confirman que su interés es meramente político.
Los primeros afectados por el ejercicio indebido de poder de la dirigencia del sindicato, son los maestros y maestras que deben aceptar que sus carreras dependan de las influencias e intereses de la cúpula sindical. En especial, resulta grave que los puestos de directores, supervisores y otras funciones de mando medio en el sistema educativo formen parte de la estructura sindical y estén sometidos a las intromisiones de la dirigencia.
La capacidad de presión y la base política de la dirigencia se costea con recursos que provienen de los impuestos que todos pagamos. Es indignante el número de personas que cobran sin trabajar por estar asignados en comisiones sindicales. Además el uso discrecional de los recursos públicos y la proliferación de fideicomisos, fondos y transferencias es cada vez más oscuro. La administración de miles de millones de pesos ha cobijado incluso el enriquecimiento ilícito de algunos dirigentes.[3]
El arreglo corporativo excluye la participación de la sociedad, que no tiene voz en los programas y medidas para mejorar la calidad de la educación. Está probado que para enfrentar los retos educativos y promover un ambiente de aprendizaje en cada escuela se requiere el involucramiento activo de toda la sociedad, empezando por las maestras y maestros. Esta posibilidad se frena y distorsiona por el control político ejercido desde la cúpula sindical.
Propuesta
Para iniciar la transformación de la educación en México, la Coalición Ciudadana por la Educación propone a la sociedad exigir al Presidente de la República que en uso de sus atribuciones establezca un nuevo marco de relaciones laborales y un nuevo conjunto de reglas que superen el acuerdo corporativo y establezcan un modelo democrático y transparente que permitan: i) recuperar el carácter público de la educación como un derecho y asumir la función educativa como una prioridad nacional; ii) colocar a las escuelas y las aulas como el centro y la prioridad del sistema educativo y promover el desarrollo profesional de los maestros y maestras; iii) que los gobiernos federal y estatales asuman su responsabilidad educativa con transparencia y rendición de cuentas; iv) promover la participación de la ciudadanía, en especial de maestros, maestras, estudiantes y padres de familia, en la gestión del proceso educativo desde las escuelas; v) garantizar los derechos laborales de los trabajadores de la educación y una genuina representación de sus intereses bajo principios democráticos; y vi) evitar la injerencia de la cúpula sindical sobre el sistema educativo y en especial sobre el desarrollo de la carrera profesional del personal educativo.
En particular, exigimos al gobierno federal y a los gobiernos de los estados, tomar las siguientes acciones como los pasos iniciales de la transformación de la Educación:
1. Cambio de reglas: Reformulación de los decretos, reglamentos, circulares y disposiciones normativas, así como de las reglas y acuerdos “no escritos” que posibilitan la intromisión de la dirigencia sindical en la política educativa y que le conceden en los hechos derecho de veto y poder de negociación frente a las estrategias, programas e iniciativas educativas, para dar lugar a nuevas reglas con autoridades responsables, transparencia, participación ciudadana y respeto al desarrollo profesional de las y los docentes y del conjunto de sus derechos laborales. En particular, la derogación del Decreto de las Condiciones Generales de Trabajo de 1946, el reglamento del escalafón y las comisiones mixtas y las disposiciones similares que sustentan el acuerdo corporativo.
2. Promover la profesionalización del magisterio. Crear un auténtico servicio profesional de carrera educativa basado en desempeño y capacidad, que reconozca a maestros, directores y supervisores como servidores públicos, promueva su reconocimiento social y garantice sus derechos. Establecer un servicio profesional que garantice:
· La contratación, la capacitación, la promoción, los incentivos y la permanencia de todo el personal educativo con base en evaluaciones objetivas, generales, públicas, supervisadas por instancias de participación ciudadana de pleno derecho y auditadas por los órganos de fiscalización.
· El nombramiento y promoción de todos los supervisores, directores, maestros y maestras mediante concurso público, abierto, sin injerencia de la dirigencia sindical y calificado únicamente por el mérito profesional de cada docente.
· El uso de la evaluación para generar apoyos y medios de capacitación continua para favorecer el desarrollo profesional de las y los docentes y el fortalecimiento de su formación inicial y continua.
· La eliminación de todas las disposiciones que permiten al sindicato controlar las comisiones mixtas, la carrera magisterial, el número de plazas, la asignación de contratos, el manejo del escalafón y cualquier otra medida que afecte el derecho de los maestros y maestras a recibir las promociones e incentivos que les correspondan.
· El respeto al conjunto de los derechos laborales de los trabajadores de la educación, incluyendo su asociación y representación sindical.
· La prohibición de las prácticas de venta y la herencia de plazas en el sistema educativo.
· La creación de mecanismos de transparencia, acceso a la información y participación ciudadana en las comisiones mixtas.
3. Transparencia en los recursos manejados por la cúpula del SNTE y reducción de comisionados sindicales: Hacer públicas todas las erogaciones y transferencias directas e indirectas de recursos públicos a la dirigencia sindical, incluyendo las aportaciones a fideicomisos, a organismos de vivienda y en general, cualquier recurso público destinado a cubrir prestaciones o beneficios para los trabajadores de la educación. Asimismo, reducir las “comisiones con goce de sueldo” en todo el sistema educativo únicamente para las personas que ocupen directamente las posiciones formales y estatutarias de las secciones sindicales y del comité ejecutivo nacional del Sindicato.
4. Participación y vigilancia ciudadana en la educación. Garantizar la participación de la sociedad civil de manera organizada en las tareas de mejora de la calidad educativa y en la vigilancia de las disposiciones normativas que garanticen las nuevas reglas de rendición de cuentas, transparencia y servicio profesional de carrera.
Llamado
Invitamos a la ciudadanía, y en especial, a maestros, maestras, estudiantes, padres y madres de familia a participar en la exigencia para que a más tardar del 20 de noviembre de 2011, el Ejecutivo Federal y los Ejecutivos estatales establezcan un nuevo marco laboral y los cambios para transformar la educación, realizando acciones de movilización ciudadana, como:
· Adhesión. Firmar este documento y sumarse a la exigencia al Ejecutivo Federal y a los Ejecutivos estatales para romper el arreglo político corporativo y defender el derecho a la educación de calidad.
· Difusión. Difundir este documento base y los materiales y mensajes de la Coalición Ciudadana por la Educación para promover la adhesión de más personas, a través del sitio web: http://www.porlaeducacion.mx/ o de manera directa en los eventos de la movilización.
· Participación. Participar en las acciones de movilización y de presión ciudadana que se organicen a fin de presentar esta exigencia con un amplio respaldo el próximo mes de mayo de 2011 y exigir la respuesta de las autoridades a más tardar el 20 de noviembre del mismo año.
· Aportación. Colaborar de acuerdo a sus posibilidades con recursos para sostener las actividades de la movilización[4].
Coalición Ciudadana por la Educación
Primeros adherentes:
Adolfo Sánchez Rebolledo, Adrián Acosta, Adriana Cortés, Alberto Aziz Nassif, Alberto Hernández Rodríguez, Alberto Núñez Esteva, Alberto Olvera, Alberto Parás Pagés, Alberto Serdán, Alejandra Betanzo, Alejandro Calvillo, Alejandro Madrazo, Alfredo Burgos Sánchez, Alfredo Popoca, Alfredo Postlethwaite, AlicIa Molina, Alma Nava, Almudena Ocejo, Ana Francisca Vega,
Ana Laura Magaloni, Ana María Fabre, Ana Mariño Jaso, Anamari Gomís, Andrés Lajous, Ángeles Trujillo Guerrero, Angélica Pineda Bojórquez, Angélica Sánchez, Antonio Franco, Antonio Gómez Nashiki, Antonio Martínez Velázquez, Arcelia Martínez, Benilde García, Bertha Salinas Amezcua, Blanca Estela Cortázar Sánchez, Blanca Heredia, Brenda Flores Pérez, Camilo Albornoz, Carlos Garza Falla,
Carlos Muñoz Izquierdo, Clara Jusidman, Claudia Natera, Clemente Ruiz Durán, Clodoveo Malo Balboa, Consuelo Castro Salinas, Consuelo Tafoya, Cristina Bavines, Daniel Gershenson, Danú Hernández, Darío Ramírez, David Fernández Dávalos, David Pantoja Morán,
Denise Dresser, Elsa Cadena, Elsa Pérez Paredes, Enrique Contreras Montiel, Enrique Farfán, Enrique Provencio, Eréndira Cruz Villegas, Ernesto López Portillo, Federico Novelo, Federico Rosas Barrera, Felipe Hevia, Fernando Arruti, Francisco Montiel, Francisco Prieto, Gabriela Becerra, Germán González Dávila,
Gilberto Guevara Niebla, Giovanna Morales, Graciela Rodríguez, Guillermo Noriega, Guillermo Osorno, Gustavo Gordillo, Gustavo Verduzco, Hortensia Santiago Fregoso, Iliana Yaschine, Imelda González Pliego, Itzia Goyenechea Orellana, Javier Aparicio, Javier Olmedo Badía, Jorge Enrique Vaca Uribe, Jorge Soto, Jorge Valencia,
Jorge Villalobos, José Antonio Crespo, José Enríquez González, José Jesús Mondragos Solís, José Merino, José Oviedo Uribe, Josefina Durán Loera, Juan Cuautle Juárez, Juan Machín, Julia Caravias, Julio César Gómez, Karina De La Paz Reyes Díaz, Leticia Jáuregui, Lillian Liberman, Liset Cotera, Lorena Murillo, Lorenza Villa Lever
Lorenzo Córdova, Lucila Servitje, Lucrecia Santibáñez, Luis Emilio Giménez Cacho, Luis F. Aguilar, Luis Jerónimo García, Luis Miguel Cano, Luis Olvera, Luis Salazar, Luisella Orozco, Ma. de los Ángeles Pensado, Ma. Elena Morera, Maite Azuela
Manuel Ulloa, Marcela Azuela, Margarita Baz, María Amparo Casar, María de Jesús Trejo Guadarrama, María Eugenia Linares, María Morfín, Mario Gutiérrez, Marta Lamas, Martín López Calva,
Mauricio Merino, Miguel Bazdresch, Miguel Pulido, Miguel Székely, Miriam Alonso Pacheco, Mónica Tapia, Nashieli Ramírez, Norma Loeza
Olac Fuentes, Olga Teresa Salazar Camacho, Paloma Mora, Patricia Ducoing, Patricio Ballados, Pedro Armendáriz, Pedro Flores, Pedro Salazar, Pilar Castellanos, Pilar Parás, Pilar Servitje, Rafael Pérez Gay, Raúl Escobedo Vázquez, Raúl Morales Parra, René Torres- Ruiz, Ricardo Becerra,
Ricardo Raphael, Robert Myers, Roberto Flores, Rodolfo Córdova, Rodolfo García Zamora, Rodrigo Bustamante, Rogelio Gómez Hermosillo, Rollin Kent, Rosa Elena Montes de Oca, Rosario Pérez y Espejo, Sandra Lorenzano,
Sergio Aguayo, Soledad Loaeza, Sylvia Schmelkes, Tania Sánchez Andrade, Tere Lanzagorta, Teresita Quintanilla, Veronica Bustabad, Vicente Cordero, Zulma Rodríguez Hernández
Redes y Organizaciones adherentes
Acude; AlConsumidor; Alianza Cívica; Alternativas y Capacidades; Asociación de Internacionalistas de Chiapas; Centro Caritas de Formación para la Prevención de las Farmacodependencias y Situaciones Críticas; Centro de Investigación y Estudios sobre Sociedad Civil;
Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi); Coalición para la Participación Social en la Educación (COPASE); Consejo Ciudadano Autónomo por la Calidad de la Educación (CCAE); Consejo Mexicano para la Educación Económica y Financiera;
Corporativa de Fundaciones; Cultura Joven, DHP - Dejemos de Hacernos Pendejos; Educación y Ciudadanía; Estudios y Servicios para el Desarrollo Territorial; Fundación Coztli;
Fundar, Centro de Análisis e Investigación; Gestión Social y Cooperación (GESOC); Infancia en Movimiento, Integradora de Participación Ciudadana - Puebla; Jóvenes Constructores de la Comunidad; Litiga Ole;
Observatorio Ciudadano de la Educación; Pensamiento, Palabra y Acción en Movimiento; Propuesta Cívica;
Red de Educación de CEMEFI; Red Incidencia Civil en Educación (ICE); Red para la Inclusión y la Calidad en la Educación (ICAE); Save The Children. México; Servicios a la Juventud (SERAJ); Sonora Ciudadana.
[1] Varios estudios recientes demuestran la importancia de transformar estos aspectos. Por ejemplo, el más reciente informe de la OCDE “Mejorar las escuelas: Estrategias para la Acción en México” y el Informe Regional sobre Desarrollo Humano del PNUD de 2010.
[2] El concepto proviene del Informe del Relator Especial por el Derecho a la Educación de la ONU, en su visita a México en 2010.
[3] Un estudio reciente estima entre $345 mil millones y $1 billón 611 mil millones de pesos los recursos que de 2007 a 2009 ha manejado la cúpula sindical y su grupo político. Enfoque de Reforma, 13 de diciembre de 2009.
[4] Todos los ingresos y gastos de la movilización serán informados de manera transparente a través del sitio de la movilización y de los medios de comunicación.
Exposición de motivos
Somos un grupo de personas y organizaciones civiles convencidas que la educación es un derecho social esencial y un bien público primordial para el crecimiento económico del país, para la democracia, para la justicia y la seguridad ciudadana.
La Coalición Ciudadana por la Educación surge para promover una gran movilización nacional, ciudadana, plural y apartidista para enfrentar el arreglo político corporativo que está afectando de raíz al sistema educativo.
Concordamos con todas las voces que exigen la transformación de la calidad de la educación colocando a las escuelas y las aulas en el centro. Para lograr esa transformación es imprescindible romper el arreglo político que obstaculiza la mejora de la educación en aspectos clave como el ingreso, la capacitación y la promoción de supervisores y directores así como los incentivos y apoyos para lograr que los mejores maestros y maestras enseñen en las escuelas públicas[1].
La movilización no tiene un sentido antisindical y en cambio, promueve el respeto a los derechos laborales de las trabajadoras y trabajadores de la educación, incluyendo su asociación y representación sindical.
La movilización busca el cambio de las reglas escritas y no escritas del sistema educativo que sustentan el acuerdo corporativo y que han creado la simbiosis atípica entre sindicato y autoridades[2] que permite i) la intromisión indebida de la dirigencia sindical en la política educativa, ii) la omisión de las autoridades en su función constitucional como garantes del derecho a la educación y iii) la exclusión de la ciudadanía y en particular, de los maestros y maestras, de los padres y madres de familia y de los y las estudiantes, de la gestión y la rendición de cuentas sobre la educación.
El arreglo corporativo tiene graves consecuencias:
Las autoridades educativas violan el derecho a una educación de calidad cuando cada año empeora el desempeño de millones de estudiantes e incumplen su responsabilidad constitucional al permitir que la dirigencia sindical ejerza en los hechos el poder de veto y se entrometa en las decisiones educativas.
El poder de la dirigencia sindical distorsiona el ingreso y el desarrollo profesional de las y los docentes y las decisiones del sistema educativo. Este poder se ha incrementado con el tiempo y se ha agravado con la alternancia política, que eliminó el único contrapeso aceptado hasta entonces en la figura del Presidente. La intromisión de la cúpula del SNTE en los estados llega al grado de nombrar a más de una veintena de Secretarios de Educación. La diversificación de los intereses de la cúpula sindical hacia otras entidades como la Lotería Nacional, el ISSSTE, el FOVISSSTE y otros negocios poco claros, así como la creación de un partido político y de una fuerza de operación político electoral, distorsionan aún más la función del SNTE en la educación y confirman que su interés es meramente político.
Los primeros afectados por el ejercicio indebido de poder de la dirigencia del sindicato, son los maestros y maestras que deben aceptar que sus carreras dependan de las influencias e intereses de la cúpula sindical. En especial, resulta grave que los puestos de directores, supervisores y otras funciones de mando medio en el sistema educativo formen parte de la estructura sindical y estén sometidos a las intromisiones de la dirigencia.
La capacidad de presión y la base política de la dirigencia se costea con recursos que provienen de los impuestos que todos pagamos. Es indignante el número de personas que cobran sin trabajar por estar asignados en comisiones sindicales. Además el uso discrecional de los recursos públicos y la proliferación de fideicomisos, fondos y transferencias es cada vez más oscuro. La administración de miles de millones de pesos ha cobijado incluso el enriquecimiento ilícito de algunos dirigentes.[3]
El arreglo corporativo excluye la participación de la sociedad, que no tiene voz en los programas y medidas para mejorar la calidad de la educación. Está probado que para enfrentar los retos educativos y promover un ambiente de aprendizaje en cada escuela se requiere el involucramiento activo de toda la sociedad, empezando por las maestras y maestros. Esta posibilidad se frena y distorsiona por el control político ejercido desde la cúpula sindical.
Propuesta
Para iniciar la transformación de la educación en México, la Coalición Ciudadana por la Educación propone a la sociedad exigir al Presidente de la República que en uso de sus atribuciones establezca un nuevo marco de relaciones laborales y un nuevo conjunto de reglas que superen el acuerdo corporativo y establezcan un modelo democrático y transparente que permitan: i) recuperar el carácter público de la educación como un derecho y asumir la función educativa como una prioridad nacional; ii) colocar a las escuelas y las aulas como el centro y la prioridad del sistema educativo y promover el desarrollo profesional de los maestros y maestras; iii) que los gobiernos federal y estatales asuman su responsabilidad educativa con transparencia y rendición de cuentas; iv) promover la participación de la ciudadanía, en especial de maestros, maestras, estudiantes y padres de familia, en la gestión del proceso educativo desde las escuelas; v) garantizar los derechos laborales de los trabajadores de la educación y una genuina representación de sus intereses bajo principios democráticos; y vi) evitar la injerencia de la cúpula sindical sobre el sistema educativo y en especial sobre el desarrollo de la carrera profesional del personal educativo.
En particular, exigimos al gobierno federal y a los gobiernos de los estados, tomar las siguientes acciones como los pasos iniciales de la transformación de la Educación:
1. Cambio de reglas: Reformulación de los decretos, reglamentos, circulares y disposiciones normativas, así como de las reglas y acuerdos “no escritos” que posibilitan la intromisión de la dirigencia sindical en la política educativa y que le conceden en los hechos derecho de veto y poder de negociación frente a las estrategias, programas e iniciativas educativas, para dar lugar a nuevas reglas con autoridades responsables, transparencia, participación ciudadana y respeto al desarrollo profesional de las y los docentes y del conjunto de sus derechos laborales. En particular, la derogación del Decreto de las Condiciones Generales de Trabajo de 1946, el reglamento del escalafón y las comisiones mixtas y las disposiciones similares que sustentan el acuerdo corporativo.
2. Promover la profesionalización del magisterio. Crear un auténtico servicio profesional de carrera educativa basado en desempeño y capacidad, que reconozca a maestros, directores y supervisores como servidores públicos, promueva su reconocimiento social y garantice sus derechos. Establecer un servicio profesional que garantice:
· La contratación, la capacitación, la promoción, los incentivos y la permanencia de todo el personal educativo con base en evaluaciones objetivas, generales, públicas, supervisadas por instancias de participación ciudadana de pleno derecho y auditadas por los órganos de fiscalización.
· El nombramiento y promoción de todos los supervisores, directores, maestros y maestras mediante concurso público, abierto, sin injerencia de la dirigencia sindical y calificado únicamente por el mérito profesional de cada docente.
· El uso de la evaluación para generar apoyos y medios de capacitación continua para favorecer el desarrollo profesional de las y los docentes y el fortalecimiento de su formación inicial y continua.
· La eliminación de todas las disposiciones que permiten al sindicato controlar las comisiones mixtas, la carrera magisterial, el número de plazas, la asignación de contratos, el manejo del escalafón y cualquier otra medida que afecte el derecho de los maestros y maestras a recibir las promociones e incentivos que les correspondan.
· El respeto al conjunto de los derechos laborales de los trabajadores de la educación, incluyendo su asociación y representación sindical.
· La prohibición de las prácticas de venta y la herencia de plazas en el sistema educativo.
· La creación de mecanismos de transparencia, acceso a la información y participación ciudadana en las comisiones mixtas.
3. Transparencia en los recursos manejados por la cúpula del SNTE y reducción de comisionados sindicales: Hacer públicas todas las erogaciones y transferencias directas e indirectas de recursos públicos a la dirigencia sindical, incluyendo las aportaciones a fideicomisos, a organismos de vivienda y en general, cualquier recurso público destinado a cubrir prestaciones o beneficios para los trabajadores de la educación. Asimismo, reducir las “comisiones con goce de sueldo” en todo el sistema educativo únicamente para las personas que ocupen directamente las posiciones formales y estatutarias de las secciones sindicales y del comité ejecutivo nacional del Sindicato.
4. Participación y vigilancia ciudadana en la educación. Garantizar la participación de la sociedad civil de manera organizada en las tareas de mejora de la calidad educativa y en la vigilancia de las disposiciones normativas que garanticen las nuevas reglas de rendición de cuentas, transparencia y servicio profesional de carrera.
Llamado
Invitamos a la ciudadanía, y en especial, a maestros, maestras, estudiantes, padres y madres de familia a participar en la exigencia para que a más tardar del 20 de noviembre de 2011, el Ejecutivo Federal y los Ejecutivos estatales establezcan un nuevo marco laboral y los cambios para transformar la educación, realizando acciones de movilización ciudadana, como:
· Adhesión. Firmar este documento y sumarse a la exigencia al Ejecutivo Federal y a los Ejecutivos estatales para romper el arreglo político corporativo y defender el derecho a la educación de calidad.
· Difusión. Difundir este documento base y los materiales y mensajes de la Coalición Ciudadana por la Educación para promover la adhesión de más personas, a través del sitio web: http://www.porlaeducacion.mx/ o de manera directa en los eventos de la movilización.
· Participación. Participar en las acciones de movilización y de presión ciudadana que se organicen a fin de presentar esta exigencia con un amplio respaldo el próximo mes de mayo de 2011 y exigir la respuesta de las autoridades a más tardar el 20 de noviembre del mismo año.
· Aportación. Colaborar de acuerdo a sus posibilidades con recursos para sostener las actividades de la movilización[4].
Coalición Ciudadana por la Educación
Primeros adherentes:
Adolfo Sánchez Rebolledo, Adrián Acosta, Adriana Cortés, Alberto Aziz Nassif, Alberto Hernández Rodríguez, Alberto Núñez Esteva, Alberto Olvera, Alberto Parás Pagés, Alberto Serdán, Alejandra Betanzo, Alejandro Calvillo, Alejandro Madrazo, Alfredo Burgos Sánchez, Alfredo Popoca, Alfredo Postlethwaite, AlicIa Molina, Alma Nava, Almudena Ocejo, Ana Francisca Vega,
Ana Laura Magaloni, Ana María Fabre, Ana Mariño Jaso, Anamari Gomís, Andrés Lajous, Ángeles Trujillo Guerrero, Angélica Pineda Bojórquez, Angélica Sánchez, Antonio Franco, Antonio Gómez Nashiki, Antonio Martínez Velázquez, Arcelia Martínez, Benilde García, Bertha Salinas Amezcua, Blanca Estela Cortázar Sánchez, Blanca Heredia, Brenda Flores Pérez, Camilo Albornoz, Carlos Garza Falla,
Carlos Muñoz Izquierdo, Clara Jusidman, Claudia Natera, Clemente Ruiz Durán, Clodoveo Malo Balboa, Consuelo Castro Salinas, Consuelo Tafoya, Cristina Bavines, Daniel Gershenson, Danú Hernández, Darío Ramírez, David Fernández Dávalos, David Pantoja Morán,
Denise Dresser, Elsa Cadena, Elsa Pérez Paredes, Enrique Contreras Montiel, Enrique Farfán, Enrique Provencio, Eréndira Cruz Villegas, Ernesto López Portillo, Federico Novelo, Federico Rosas Barrera, Felipe Hevia, Fernando Arruti, Francisco Montiel, Francisco Prieto, Gabriela Becerra, Germán González Dávila,
Gilberto Guevara Niebla, Giovanna Morales, Graciela Rodríguez, Guillermo Noriega, Guillermo Osorno, Gustavo Gordillo, Gustavo Verduzco, Hortensia Santiago Fregoso, Iliana Yaschine, Imelda González Pliego, Itzia Goyenechea Orellana, Javier Aparicio, Javier Olmedo Badía, Jorge Enrique Vaca Uribe, Jorge Soto, Jorge Valencia,
Jorge Villalobos, José Antonio Crespo, José Enríquez González, José Jesús Mondragos Solís, José Merino, José Oviedo Uribe, Josefina Durán Loera, Juan Cuautle Juárez, Juan Machín, Julia Caravias, Julio César Gómez, Karina De La Paz Reyes Díaz, Leticia Jáuregui, Lillian Liberman, Liset Cotera, Lorena Murillo, Lorenza Villa Lever
Lorenzo Córdova, Lucila Servitje, Lucrecia Santibáñez, Luis Emilio Giménez Cacho, Luis F. Aguilar, Luis Jerónimo García, Luis Miguel Cano, Luis Olvera, Luis Salazar, Luisella Orozco, Ma. de los Ángeles Pensado, Ma. Elena Morera, Maite Azuela
Manuel Ulloa, Marcela Azuela, Margarita Baz, María Amparo Casar, María de Jesús Trejo Guadarrama, María Eugenia Linares, María Morfín, Mario Gutiérrez, Marta Lamas, Martín López Calva,
Mauricio Merino, Miguel Bazdresch, Miguel Pulido, Miguel Székely, Miriam Alonso Pacheco, Mónica Tapia, Nashieli Ramírez, Norma Loeza
Olac Fuentes, Olga Teresa Salazar Camacho, Paloma Mora, Patricia Ducoing, Patricio Ballados, Pedro Armendáriz, Pedro Flores, Pedro Salazar, Pilar Castellanos, Pilar Parás, Pilar Servitje, Rafael Pérez Gay, Raúl Escobedo Vázquez, Raúl Morales Parra, René Torres- Ruiz, Ricardo Becerra,
Ricardo Raphael, Robert Myers, Roberto Flores, Rodolfo Córdova, Rodolfo García Zamora, Rodrigo Bustamante, Rogelio Gómez Hermosillo, Rollin Kent, Rosa Elena Montes de Oca, Rosario Pérez y Espejo, Sandra Lorenzano,
Sergio Aguayo, Soledad Loaeza, Sylvia Schmelkes, Tania Sánchez Andrade, Tere Lanzagorta, Teresita Quintanilla, Veronica Bustabad, Vicente Cordero, Zulma Rodríguez Hernández
Redes y Organizaciones adherentes
Acude; AlConsumidor; Alianza Cívica; Alternativas y Capacidades; Asociación de Internacionalistas de Chiapas; Centro Caritas de Formación para la Prevención de las Farmacodependencias y Situaciones Críticas; Centro de Investigación y Estudios sobre Sociedad Civil;
Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi); Coalición para la Participación Social en la Educación (COPASE); Consejo Ciudadano Autónomo por la Calidad de la Educación (CCAE); Consejo Mexicano para la Educación Económica y Financiera;
Corporativa de Fundaciones; Cultura Joven, DHP - Dejemos de Hacernos Pendejos; Educación y Ciudadanía; Estudios y Servicios para el Desarrollo Territorial; Fundación Coztli;
Fundar, Centro de Análisis e Investigación; Gestión Social y Cooperación (GESOC); Infancia en Movimiento, Integradora de Participación Ciudadana - Puebla; Jóvenes Constructores de la Comunidad; Litiga Ole;
Observatorio Ciudadano de la Educación; Pensamiento, Palabra y Acción en Movimiento; Propuesta Cívica;
Red de Educación de CEMEFI; Red Incidencia Civil en Educación (ICE); Red para la Inclusión y la Calidad en la Educación (ICAE); Save The Children. México; Servicios a la Juventud (SERAJ); Sonora Ciudadana.
[1] Varios estudios recientes demuestran la importancia de transformar estos aspectos. Por ejemplo, el más reciente informe de la OCDE “Mejorar las escuelas: Estrategias para la Acción en México” y el Informe Regional sobre Desarrollo Humano del PNUD de 2010.
[2] El concepto proviene del Informe del Relator Especial por el Derecho a la Educación de la ONU, en su visita a México en 2010.
[3] Un estudio reciente estima entre $345 mil millones y $1 billón 611 mil millones de pesos los recursos que de 2007 a 2009 ha manejado la cúpula sindical y su grupo político. Enfoque de Reforma, 13 de diciembre de 2009.
[4] Todos los ingresos y gastos de la movilización serán informados de manera transparente a través del sitio de la movilización y de los medios de comunicación.
